Una gran incertidumbre reina en Estados Unidos respecto a las futuras restricciones al ingreso de inmigrantes que establecerá el presidente Donald Trump, cuyo muy controvertido decreto al respecto expira el domingo.
A comienzos de este año, el mandatario había señalado que necesitaba un período de 90 días de prohibición de ingreso al país de personas provenientes de seis naciones de mayoría musulmana (Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen), así como de 120 días de prohibición de ingreso de refugiados de cualquier origen con el fin de definir nuevos filtros de admisión.
Tras cinco meses de contencioso ante los tribunales, una versión corregida de su decreto entró en vigor el 29 de junio. Este domingo expira su vigencia, pero nada se sabe aún acerca de si los 180 millones de habitantes de los seis países implicados seguirán siendo o no “proscritos” en Estados Unidos.
Nada han adelantado sobre sus intenciones en la materia la Casa Blanca o los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior, que podrían prolongar la validez del decreto, modificarlo o dejar que pierda validez, en espera de una decisión de la Corte Suprema sobre el texto en sí.
El 10 de octubre, los nueve integrantes de la mayor instancia judicial del país examinarán la más controvertida de las medidas tomadas hasta ahora por el magnate republicano.
La decisión del organismo podría sin embargo tardar varios meses, un lapso durante el cual es muy difícil que el presidente se mantenga de brazos cruzados.
Una semana atrás, tras el atentado cometido en el metro de Londres, Trump había tuiteado que las restricciones al ingreso al país de inmigrantes “deberían ser más amplias y duras” con el fin de impedir el ingreso de “terroristas extranjeros”.
La Corte Suprema limitó en su momento el alcance del decreto presidencial, al fallar que no podía abarcar a quien pudiera justificar “una relación válida con alguna persona o una entidad en Estados Unidos”.
– “La mayor cantidad posible de musulmanes” –
Para los detractores del decreto, lo que hizo Trump fue concretar sus promesas de campaña de cerrar las fronteras del país a los musulmanes, a pesar de que la Constitución estadounidense prohíbe toda discriminación religiosa.
“Me perece que desde el comienzo el motor del gobierno es la voluntad del presidente de prohibir la entrada de la mayor cantidad posible de musulmanes, y que están preparados para hacerlo contra viento y marea”, explicó a la AFP Omar Jadwat, abogado de la ACLU, una organización de defensa de las libertades que se opone a los planes de Trump en este terreno.
Según este jurista, de aquí al domingo puede pasar cualquier cosa, incluso un anuncio de una nueva medida de choque.
El departamento de Seguridad Interior transmitió la semana pasada a la Casa Blanca un informe confidencial que preconiza la instauración de nuevos procedimientos de filtro en las fronteras.
“El gobierno tiene muchas opciones, tanto dentro como fuera del decreto, para decidir nuevas prohibiciones”, señaló Jadwat, y recordó que para aumentar las posibilidades de que los tribunales autorizaran sus medidas modificó el texto para hacerlo menos duro.
Las mismas dudas planean sobre la cuestión de los refugiados. El gobierno había establecido que en el año fiscal 2017 recibiría a un máximo de 50.000 personas en esa condición.
Para el año fiscal 2018, que se inicia el 1 de octubre, la administración de Donald Trump podría bajar aún más ese tope, a un nivel sin precedentes en las últimas décadas.
Con información de la agencia: AFP
