24 noviembre, 2024 | 1:49 am

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Programa

Presidente de Comisión y analistas coinciden: Informe debe ser técnico, objetivo y transparente

Los diputados del Congreso de la República eligieron ayer a los integrantes de la Comisión Pesquisidora del Congreso que deberá analizar el expediente que envió la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el cual se declara procedente el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.

Esa Comisión quedó integrada por los siguientes diputados:

  • Julio Ixcamey, UNE, Presidente
  • Juan José Porras, Viva, Secretario
  • Gabriel Heredia, UNE, Vocal
  • Dolores Beltrán, MR, Vocal
  • Eva Monte, AC, Vocal

Los magistrados de la CSJ resolvieron esa comisión deberá presentar un informe circunstanciado al pleno, respecto de los documentos de prueba que entregó el Ministerio Público contra el mandatario por financiamiento electoral ilícito.

Con ese documento, los diputados, en número de 105 votos, deberán resolver si retiran o no la inmunidad a Morales.

Para comentar el procedimiento, en el programa A Primera Hora estuvieron como invitados Julio Ixcamey, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y presidente de la Comisión Pesquisidora; Omar Barrios, abogado penalista y director del Centro de Estudios de Derecho (Cede), y Mynor Melgar, exfiscal y exsecretario general de MP.

La coincidencia de los participantes es que el informe que presente la Comisión Pesquisidora debe ser “técnico, objetivo y transparente”.

JULIO IXCAMEY

¿Cómo describe las primeras horas de la Comisión Pesquisidora?

Es una responsabilidad que tengo que asumir de una manera formal, viendo la situación y la coyuntura del país. Soy nuevo en política. Afortunadamente soy abogado y notario, y considero que conozco que reglas que puedo dirigir al resto de la Comisión para emplear la sana crítica y la experiencia, para que el informe sea objetivo y de conformidad con las pruebas que están en el expediente.

La responsabilidad la asumo sin bandera política, sin color y basado en las pruebas que se presentan en el expediente.

La Comisión lo que tiene que hacer es refrendar si los hechos que presenta el MP, pueden ir al juez de Derecho Penal. El artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicio nos da los parámetros que debemos seguir como Comisión.

¿No considera que es presión los cinco días que se le asignó a la Comisión para que entregue el informe?

No. En ese sentido aclaro que no voy a aceptar presiones y, si las hubiera, las voy a denunciar. Sé que hemos sido señalados, pero desafortunadamente se generaliza, pero ahora podemos hacer la diferencia, y demostrar que podemos trabajar honestamente.

¿Pedirían una ampliación del periodo de cinco días?

No olvidemos que vivimos en un estado de Derecho y que nos regimos por las normas para todos los habitantes. Toda ley debe respetarse. Si bien se presentó una moción privilegiada y fue aprobada, en donde nos da cinco días, eso no nos obliga, no estamos sujetos a eso.

Vamos a encontrar diversos criterios. Yo me voy a basar en la ley y me voy a tomar el tiempo necesario para hacer una investigación para emitir un informe transparente.

Que todo sea público y que todos estén enterados. A puertas abiertas. Nosotros no vamos a decir qué delito podría haber cometido el Presidente, sino que vamos a pasar un informe al Pleno.

¿Cinco días no es presión?

No. Tenemos libre albedrío. Adentro del Congreso cada bancada ve qué es lo más conveniente para ellos y, en consecuencia, en lo particular, y como presidente de la Comisión, no veo ninguna presión. Tampoco vamos a contemplar medidas dilatorias para alargar este procedimiento y presentar este informe al Pleno.

¿El resto de los pesquisidores están de acuerdo con eso?

Yo hablo como presidente de la Comisión. Se van a fijar las reglas para analizar el expediente y para solicitar los documentos a las partes.

¿Cuál fue su reacción al ver su nombre para integrar la Comisión Pesquisidora?

Una experiencia de esas considero que nadie quiere estar en ese lugar. Por la coyuntura es una gran responsabilidad, pero al reaccionar es una oportunidad que tengo para sacar la conciencia de demostrar que no todos en el Congreso debemos ser señalados como se generaliza.

Es una cuestión personalísima, respecto de qué clase de político, de profesional, de persona, soy. Es mi oportunidad de demostrarlo.

Hay quienes piensan que la comisión podría emitir un informe ‘gallo gallina’ para que nadie los critique…

Eso no se puede dar. Como profesional del Derecho, tengan la plena seguridad que no se va a dar eso.

¿Quién decide que las actuaciones de la Comisión sean públicas?

Yo decido eso como presidente de la Comisión. Lo que tengo que decidir son los parámetros que vamos a seguir como Comisión Pesquisidora. Al momento de tener las fórmulas, tengo que someterlas a consideración, pero voy a hacer conciencia de la responsabilidad que tenemos ante el pueblo de Guatemala y que entremos sin bandera política ni color.

Uno de los integrantes, Juan José Porras, está en Chile, ¿qué pasa con su ausencia?

La primera plática la vamos a tener hoy. A algunos diputados y diputadas nos agarró por sorpresa y no pudimos reunirnos ayer. Como consecuencia lógica no podíamos hacer ninguna reunión y por eso se programó para hoy.

¿Y si falta uno de los miembros?

De conformidad con las normas jurídicas, los acuerdos que alcancemos es con mayoría. Si somos cinco, con tres votos es suficiente. La ausencia de un integrante no se establece en la Ley, solo se establece la mayoría de votos. La ley es clara respecto de que ningún diputado puede excusarse de participar en la Comisión o de que puede no llegar. Porras está en el extranjero, pero ya viene a Guatemala, porque sabe de la responsabilidad de integrarse a la Comisión.

Hoy se elaborará el cronograma: la ratificación de la denuncia, escuchar al Presidente, a los del TSE, del Registro de Ciudadanos, a la SAT, a cuanto ente esté involucrado en esto. Todas las citaciones se llevarán a cabo el viernes.

¿Usted cree que el Presidente comparezca?

De conformidad con la Ley, el Presidente está obligado a comparecer en la Comisión. Creo que es la obligación de cualquier funcionario y la oportunidad que tiene para que demuestre su inocencia. Si no debe nada, que comparezca.

¿Quién tiene que llegar del MP y la Cicig?

Del MP quien compareció en la petición del antejuicio. Vamos a determinar qué funcionarios deben comparecer para citarlos.

Recordémonos que este es un juicio político, no legal. No se tiende a verificar la responsabilidad penal de la persona. Solo a ver si la solicitud de antejuicio no es espuria, política o ilegítima. El informe debe ser técnico, objetivo y transparente.

OMAR BARRIOS

¿Cuál cree que será el actuar de la Comisión?

No debería haber una inclinación a favor o en contra. Debe ser un análisis objetivo. Se convierte en un trámite político porque se trata del Presidente.

Si pudiéramos hablar de que en Guatemala haya oposición, que yo tengo mis dudas, diríamos que en la Comisión el Presidente tiene dos diputados de oposición, dos con los que se puede acercar y dialogar, y otro que ni fu ni fa.

Al final de cuentas el informe no es vinculante, sí arroja elementos importantes, pero al Pleno y a los jefes de bancada a los que debemos vigilar.

¿Son suficientes cinco días para presentar el informe?

De entrada, el Congreso está incumpliendo el trámite. Artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicio establece que la Junta Directiva, cuando recibe el expediente, primero lo pone en conocimiento del Pleno y, en la próxima sesión, se da a conocer el procedimiento para elegir la comisión pesquisidora. En este caso, todo lo hicieron de una vez.

Además, la ley no le establece plazo al Congreso. Los 60 días de plazo de que se hablan se los fija la Ley a la CSJ. Pero si el Congreso fijó plazo y todos los diputados estuvieron de acuerdo, es como aceptar un compromiso para agilizar un procedimiento, pero no para violar la ley.

El procedimiento que hicieron no es el correcto, pero si el Congreso lo aceptó, han de haber otras razones para fijar un plazo tan corto. Agilizar el trámite, presión legislativa, que los votos puedan varias a favor o en contra.

¿Qué repercusiones legales podría tener la Comisión si decide desestimar el asunto y rechazar el antejuicio?

La Comisión no tendría ninguna responsabilidad si el informe se encuentra apegado a Derecho. El que va a tomar la decisión final es el Pleno. El informe si tendrá repercusión política. La responsabilidad es política, no jurídica.

Este tipo de informes no son vinculantes. La Comisión puede decir ‘sí hay indicios’; luego, el Pleno vota a favor o en contra; si no hay indicios, según la Comisión, el expediente se archiva en Dirección Legislativa, pero se puede desarchivar cuando el Pleno lo considere necesario.

¿Cómo ve los plazos?

Procesalmente son importantes, porque los casos no pueden durar años. Pero en ese caso no se está viendo un caso penal, sino político. Además, muchas cosas dependen del deseo de colaborar de otras personas. El plazo juega en contra de la Comisión.

¿Se podría dar el caso de que la Comisión rechace la petición, pero el pleno vote que sí procede?

Podría darse el caso. La Comisión puede emitir un informe desfavorable, pero, luego, el pleno lo va a conocer y tiene que tener 105 votos para aprobar el No, y entonces causa Estado. Pero también la Comisión puede decir ‘sí’. Pero si no se consiguen los 105 votos, el expediente se archiva. Sin embargo, el MP puede volver a investigar el caso.

Si se diera el caso de que la Comisión desestimara el procedimiento de antejuicio, ¿qué pasaría?

Si se diera el no, eso no causa cosa juzgada. La cosa juzgada solo tiene jurisprudencia cuando lo resuelve un Tribunal, no el Congreso, porque éste no tiene jurisdicción. Se puede utilizar otro expediente, por el MP o por cualquier otra persona.

¿El Presidente debe comparecer ante la Comisión?

No es obligatorio que llegue, porque no se están aplicando las normas del proceso penal. El Presidente siempre tiene ciertas prerrogativas, entre ellas que se le permita evacuar su presencia mediante un informe. Además porque los hechos no se sucedieron durante su Presidencia, sino cuando fungía como Secretario de partido.  Ya hay jurisprudencia con el caso del alcalde Álvaro Arzú.

MYNOR MELGAR

¿Cuál podría ser el actuar de la Comisión?

Creo que es un compromiso moral para que los diputados demuestren que representan al país y para ver qué tipo de Congreso tenemos. El Congreso no es el ente que esté bañado de virtudes y que sea un órgano transparente, pero lo que tenemos que juzgar son acciones concretas.

Cinco días no alcanzan para elaborar el informe

Con el trabajo que les espera, los pesquisidores tienen que tener el suficiente tiempo para tener juicio de valor. Que el plazo no vaya a ser justificación para emitir una opinión que no esté basada en ley.

Si fuera archivado, ¿eventualmente podría ser retomado por el MP?

Si estamos pensando en el supuesto de que fuera archivado, entonces sí. Lo que se esperaría es que sea una investigación seria, la motivación es para imputar un delito en un momento oportuno.

¿Cuánto habría profundizado la Cicig y el MP en este caso?

La ventaja es que buena parte de los medios de prueba son investigación documental.

¿La Comisión hará un trabajo políticamente correcto o políticamente conveniente?

La Comisión tiene que hacer un buen trabajo. El Pleno tiene la responsabilidad política de igual manera. Eso sí, si la Comisión dice que sí procede el antejuicio, pero el pleno dice que no, la mancha política es aún más grande de lo que ya está para el Congreso. Es una mancha más para el tigre.

Si se declara improcedente el procedimiento por parte de la Comisión, ¿es cosa juzgada?

No causa efecto de cosa juzgada, si no diríamos que sigue la impunidad.

Ahí es la estrategia de la defensa la que tiene que ver qué es lo que más conviene. Si comparecer personalmente o enviar un informe. Como la ley no es clara en esto, permite evaluar qué hacer. Le abre la puerta… el Presidente tiene derecho a la defensa.

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼

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