La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador dejó sin efecto las ordenes de captura contra 12 militares prófugos que son requeridos por la justicia española por el asesinado de cinco sacerdotes jesuitas en 1989, según la resolución divulgada hoy.
Según los jueces del Constitucional, las ordenes de captura internacionales con fines de extradición no pueden ser ejecutadas dentro del país por el precedente que sentaron las resoluciones en las que negaron extraditar a 4 militares detenidos en 2016.
“Se advierte que las ordenes de captura giradas en contra de estos últimos han perdido su eficacia dentro del territorio nacional”, por lo que “carece de sentido práctico y jurídico que las autoridades policiales correspondientes continúen realizando capturas”, señala el documento.
Esta medida surge en respuesta a sendos hábeas corpus presentados en 2016 por parte de los abogados de los 12 militares en situación de retiro por “la supuesta vulneración de sus derechos a la libertad personal y a la seguridad jurídica”.
Los jueces decidieron sobreseer el proceso porque “no existe una amenaza al derecho a la libertad personal”, porque “la CSJ ha dictaminado que no resulta procedente la extradición” en los casos en los que se materializaron las difusiones rojas.
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Los militares implicados, de los cuales se desconoce su paradero, son el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Oscar Mariano Amaya, José Alberto Sierra, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Oscar Alberto León Linares.
El 5 de febrero de 2016 fueron detenidos el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo y el cabo Ángel Pérez Vásquez, sobre los que denegó la extradición a España.
De estos, solo guarda prisión Benavides, quien durante un juicio en 1992 fue condenado a 30 años de cárcel por la masacre de los sacerdotes, junto a Yusshy Mendoza, cuyo paradero se desconoce, aunque según la prensa local, colabora como testigo en la Audiencia Nacional de España.
Todos han sido requeridos por el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco, quien pidió al Ejecutivo del país ibérico que inicie el proceso de solicitud de extradición de los cuatro detenidos.
Un juez de EE.UU. desbloqueó el lunes la extradición a España del involucrado número 17, el excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, ordenada en febrero de 2016 por otra corte estadounidense.
La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López.
En el hecho, ocurrido en el marco de la guerra civil salvadoreña, también fueron ultimadas la colaboradora de los religiosos Elba Julia Ramos y su hija Celina.
Con información de la agencia: EFE
