La Asamblea Constituyente sesionará este jueves con la participación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en momentos en que arrecian las denuncias de “persecución” de líderes opositores y el rechazo internacional hacia ese suprapoder.
Dirigentes de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) precisaron en rueda de prensa que 23 alcaldes opositores han sido blanco de la justicia -acusada de servir al oficialismo-, algunos de los cuales están presos, fueron destituidos y están en fuga o en el exilio, y otros tienen procesos pendientes.
La justicia condenó la noche del miércoles a David Smolansky, alcalde de El Hatillo, a 15 meses de cárcel, igual que lo hizo hace dos días con Ramón Muchacho, alcalde de Chacao. Ambos están en fuga y fueron castigados por no impedir bloqueos de vías en protestas en sus municipios, ubicados en el este de Caracas.
La Constituyente, que según Maduro traerá paz y recuperación económica al país, se estrenó el pasado fin de semana destituyendo a la fiscal general, Luisa Ortega, chavista quien se rebeló contra el gobierno.
También creó una “comisión de la verdad”, que la oposición llama “tribunal de inquisición”.
Maduro asistirá para “ponerse a disposición de la Constituyente” en su sesión en el Palacio Legislativo, anunció la excanciller Delcy Rodríguez, presidenta del poderoso órgano que regirá al país por dos años.
“¿Esta es la paz que dice Maduro? Pero ninguno de nosotros le tiene miedo a la persecución. Posiblemente ahora vayan contra los diputados”, aseguró Gerardo Blyde, alcalde del municipio de Baruta, en Caracas, también con un proceso abierto en los tribunales.
Desde la clandestinidad, Smolansky, quien acusó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de convertirse en un “paredón político”, llamó a protestar este jueves en El Hatillo con bloqueos de vías.
“Fueron elegidos por el voto. Y esa Constituyente me quiere eliminar mi derecho de un solo plumazo. No nos calamos (aguantamos) esta dictadura”, dijo a la AFP un manifestante en El Hatillo.
– “No nos van a rendir” –
La MUD inscribió la víspera candidatos para participar en las elecciones de gobernadores del 10 de diciembre, argumentando que no dejará el camino libre al gobierno, pese a que acusa al Consejo Nacional Electoral (CNE) de “fraude” en la elección de los 545 asambleístas de la Constituyente, todos oficialistas.
Pero “la prioridad no es tener gobernadores, sino salir de la dictadura”, aseguró en rueda de prensa Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora.
En la continuación de las protestas que exigen la salida de Maduro desde hace cuatro meses y que dejan unos 125 muertos, la MUD convocó a una marcha el próximo sábado, en respaldo a los alcaldes de Chacao y El Hatillo.
“Es el momento de ponernos de pie de nuevo. El sábado a la calle por la libertad. No nos vamos a doblegar, no nos van a rendir, aunque con la Constituyente están envalentonados”, añadió Guevara.
La decisión de participar en esos comicios puso en aprietos a la MUD, pues debió enfrentar divergencias en la treintena de partidos que la forman, y se arriesga a perder apoyo de muchos seguidores que sólo quieren un adelanto de las elecciones presidenciales de fines de 2018.
Analistas consideran que el gobierno no está en capacidad de ganar una elección, por la grave crisis económica que agobia a los venezolanos, con escasez de alimentos y medicinas y una inflación descontrolada.
Maduro enfrenta el rechazo de 80% de los venezolanos, según encuestas, que indican que la MUD podría ganar hasta 18 de las 23 gobernaciones, lo que sería un nuevo golpe al chavismo, que sufrió en las legislativas de 2015 su más estruendosa derrota.
Pero la oposición no la tendrá fácil. Uno de los más poderosos constituyentes, Diosdado Cabello, dijo que los candidatos opositores requerirán “un certificado de buena conducta” de ese órgano, que valide que no alentaron la violencia en las protestas.
– Presión internacional –
Mientras se agudiza la crisis, aumenta la presión internacional. La víspera, Estados Unidos impuso sanciones contra Adán Chávez, hermano mayor del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), y otros siete funcionarios por su vinculación con la Constituyente.
El gobierno de Donald Trump ya había sancionado al propio Maduro y a otros 13 funcionarios, acusados de quebrar la democracia, corrupción y violar derechos humanos.
Esta semana 12 gobiernos de América condenaran a Maduro por una “ruptura” de la democracia y desconocieran la Constituyente -también rechazada por la Unión Europea-, ante cuyos representantes en Caracas protestó el canciller venezolano, Jorge Arreaza, el miércoles.
“La dictadura está en el peor momento nacional e internacional”, manifestó Guevara.
Maduro acusa a Estados Unidos de apoyar a la oposición con el objetivo de darle un golpe de Estado y acusa a los países europeos y latinoamericanos de ser “lacayos” de Washington.
Con información de la agencia: AFP
