El presidente electo Bernardo Arévalo le envió una carta al mandatario Alejandro Giammattei para solicitarle que vete el decreto 18-2023, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2024, que fue aprobado recientemente por el Congreso de la República, pues señala que contiene múltiples ilegalidades, graves violaciones al marco legal y afecta al país.
El gobernante, que debe asumir en enero próximo, destacó que el presupuesto incide en el bienestar social, afectará la gestión pública y el desempeño económico del próximo año, ante lo cual señaló que está en manos del funcionario corregir lo que califica de “traición al pueblo”.
Entre los aspectos que señaló se encuentran los cambios incorporados en el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y por medio de enmiendas presentadas durante la sesión plenaria, mismas que, en su opinión, permitieron la inclusión de disposiciones que contravienen varias leyes ordinarias.
“Varias disposiciones menoscaban la autoridad, competencia y rectoría que los ministros tienen en toda la República para los asuntos propios de su ramo y de las políticas públicas correspondientes a sus funciones sustantivas, así como de la facultad legal de ejercer la administración de los recursos financieros, al establecer una serie de normas sin justificación técnica sobre obras o servicios que se deben atender”, expuso Arévalo.
Agregó que se hicieron reprogramaciones específicas y una serie de prohibiciones que no responden a la planificación institucional ni guardan concordancia con los planes operativos anuales y multianuales o con planes estratégicos.
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#AHORA El presidente electro, Bernardo Arévalo, le envió una carta al mandatario Alejandro Giammattei, en la cual le solicita que vete el Presupuesto de la Nación. Indica que el Presupuesto aprobado por el Congreso de la República “nos afecta como país”, y señala que está en… pic.twitter.com/Svy6V5K59E
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 13, 2023
Arévalo señala asignaciones que “inducen a corrupción”
A criterio de Arévalo, existe una serie de factores en el decreto aprobado que inducen a la corrupción, entre estas, mencionó las asignaciones presupuestarias que calificó como cuestionables y opacas en cuanto al gasto e inversión pública.
Detalló que en el artículo 118 se consigna un número sin precedentes de organizaciones no gubernamentales, a las que se les asignó Q5,191.63 millones. Estas, aseguró, fueron seleccionadas sin criterios claros y transparentes.
Por aparte, mencionó que el artículo 114 recorta drásticamente la asignación presupuestaria de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el 122 contraviene disposiciones de la de la ley al introducir la obligación del pago de deuda pública ilícita, mediante la priorización y protección del financiamiento de proyectos realizados bajo el amparo de estados de excepción.
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* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
