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Guatemala recibe otras 700 mil dosis de la vacuna Sputnik V
Foto: Ministerio de Salud

Acción Ciudadana: Implicados en “fraude multimillonario” de vacunas Sputnik siguen en impunidad

La organización señaló la “inacción” del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas para que los funcionarios relacionados con la adquisición de dosis rusas contra el Covid-19 enfrenten a la justicia.

La organización Acción Ciudadana emitió un comunicado y señaló que la compra de las vacunas Sputnik V es un negocio fraudulento y que los responsables se mantienen en la impunidad.

Según detalló, han pasado más de 10 meses desde que esa entidad presentó la primera denuncia contra la adquisición de las dosis contra Covid-19 de fabricación rusa.

“Este es el día en el que el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas brillan por su ausencia”, destacó.

Añadió que se trata de un caso de “fraude multimillonario” en el que se ven involucrados varios funcionarios que, gracias a la inacción de las instituciones competentes para investigar y sancionar siguen sin responder ante la justicia.

El pronunciamiento de Acción Ciudadana también resaltó que este jueves, 31 de marzo, se vencieron 2.3 millones de dosis de vacunas Sputnik, lo que representa para el país una pérdida de Q203 millones.

Señalan vicios en compra de vacunas

A criterio de Acción Ciudadana, existe una serie de vicios en el marco de la adquisición de vacunas Sputnik V por parte de Guatemala.

La organización detalló que las irregularidades fueron evidenciadas en la denuncia planteada meses atrás y que se pueden resaltar las siguientes:

  • Adquisición a una empresa rusa de dudosa procedencia, que no es el fabricante de las vacunas como lo manda la ley de vacunación aprobada en el Congreso.
  • Las “cláusulas leoninas” y perjudiciales para el Estado de Guatemala, en las que se somete a jurisdicción y términos internacionales, renunciando a garantías mínimas dentro de estas negociaciones.
  • La opacidad en que se mantiene el contrato. En este marco, se indicó que la Procuraduría de los Derechos Humanos declaró la violación al derecho de acceso a información pública en este caso y el Ministerio Público no ha actuado para que se pueda sancionar a los responsables de negar la información.

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