El relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, expresó su preocupación por los “continuos ataques y las acciones legales arbitrarias e indebidas contra miembros de la Corte de Constitucionalidad”.
“En mayo de 2020, el Tribunal Constitucional tomó una decisión sobre una hoja de ruta para el nombramiento de miembros de los tribunales Supremo y de Apelación. Posteriormente, el Tribunal Constitucional y sus jueces han enfrentado ataques de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Congreso”, se indica.
Por otro lado, se indica que las decisiones dictadas por la CC, en virtud de sus competencias, ordenando el cese de acusaciones indebidas no han sido cumplidas por el Congreso ni la Corte Suprema de Justicia.
“Mientras tanto, muchos jueces de la CC enfrentan múltiples cargos penales y solicitudes de remoción de su inmunidad, luego de la decisión de acelerar el nombramiento de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones”, se añadió en un comunicado.
#Guatemala: Reiteró mi preocupación por los continuos ataques y acciones arbitrarias e indebidas contra las y los integrantes de la Corte de Constitucionalidad. La falta de cumplimento de la decisión de mayo de 2020 es una afrenta al Estado de Derecho. Aquí mi comunicado: https://t.co/3ihwbZmjFc
— Diego García-Sayán (@ExRelator_ONU) November 21, 2020
“El Estado tiene la obligación de prevenir ataques a los jueces por el desempeño de sus funciones y debe evitar la injerencia política en la Corte Constitucional”, dijo García-Sayan.
Preocupación
Pero también expresó su preocupación por las repetidas demoras del Congreso en la elección de magistrados. “Observo con preocupación que la programación de sesiones en el Congreso para avanzar en el proceso de selección de jueces se prolonga indefinidamente y no ha dado lugar a que se realicen las elecciones”, añadió.
“Las acciones del Congreso no solo violan la orden de la Corte Constitucional. De manera más general, constituye un atentado que deslegitima la función de la institución de una manera inaceptable en cualquier sociedad regida por el Estado de derecho “, dijo el experto. “El Estado no puede derogar sus responsabilidades de asegurar la designación de los miembros del Poder Judicial y debe velar por la transparencia del procedimiento”, destacó.
Finalmente, hizo un llamado a todos los poderes del Estado para que cesen los ataques a la CC.
