El Congreso de la República acordó el martes crear una comisión para investigar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), lo cual generó una serie de reacciones, entre estas la de la exfiscal general, Thelma Aldana.
Ante los últimos acontecimientos es evidente la inminente destrucción del Estado de Guatemala. Está en juego mantener la eterna impunidad y terminar de destruir el débil estado de derecho!!!!”, escribió la exjefa del Ministerio Público (MP).
Ante los últimos acontecimientos es evidente la inminente destruccion del Estado de Guatemala. Está en juego mantener la eterna impunidad y terminar de destruir el débil estado de derecho!!!!
— Thelma Aldana (@ThelmaAldana) September 25, 2019
Con el acuerdo legislativo, los diputados dieron con 82 votos a favor su visto bueno a este ente, que estará formado por cinco diputados y que tendrá un plazo para fiscalizar el trabajo de la Cicig que vence el 10 de enero, unos días antes de que asuma el nuevo Parlamento.
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Durante 12 años, la Cicig y el MP identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de “alto impacto”, presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de mil 500 personas y unas 660 están procesadas.
¿Cómo trabajará la nueva comisión?
Esta comisión legislativa, creada de forma imprevista durante la sesión plenaria del 24 de septiembre, argumentando que la Cicig nunca tuvo supervisión, tiene que verificar si el trabajo de 2017 y 2019 se enmarcó en lo estipulado en la Constitución y debe investigar “las denuncias presentadas contra la misma”.
Entre sus atribuciones está determinar la existencia de acciones ilegales o arbitrarias que hayan “atentado contra derechos fundamentales” de los guatemaltecos, recabar y evaluar información de cualquier persona o entidad que haya sido “víctima” de la Cicig y requerir información a cualquier autoridad, así como declaraciones o documentos, sobre estos actos ilegales.
El acuerdo legislativo también le da potestad para denunciar ante las autoridades respectivas a los funcionarios y empleados públicos que se hayan participado en esos actos, invitar a los financistas de la Cicig para compartir informes financieros y solicitar información a “diferentes Gobiernos” sobre el historial profesional del personal internacional que trabajó en la Comisión durante los 12 años que operó.
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Iván Velásquez: “Es el miedo, la necesidad de asegurarse impunidad”.Vea aquí: https://t.co/PvjXF7YuVd pic.twitter.com/WOF9sV86IC
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 25, 2019
El último punto de estas funciones señala que pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite la “inmediata extradición del personal que haya laborado en dicha comisión que no se encuentre dentro del país” y que pueda haber cometido “un ilícito” dentro de Guatemala.
La ente investigador del Parlamento estará formada por los diputados Luis Pedro Álvarez (intependiente), Luis Hernández Azmitia (Movimiento Reformador), Manuel Conde (Avanzada Nacional), Juan Ramón Lau (Todos) y Aníbal Rojas (Visión con Valores), todos aliados al oficialismo, que, desde diversos frentes, minó la tarea de la Cicig desde agosto de 2017.
