El exministro de Gobernación durante el gobierno del partido Patriota, Mauricio López Bonilla fue condenado a 13 años y nueve meses, luego de que el Tribunal Octavo Penal lo encontrara culpable de haber cometido los delitos de fraude y peculado por uso, durante el tiempo que fungió en el cargo.
Así como él, otras 17 personas fueron encontradas culpables por actos de corrupción en el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) en el caso de las patrullas, fase dos.
La sentencia se dictó contra 18 de 20 acusados y al exministro de Gobernación también se le impuso una multa de Q62 mil 500.
De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), las personas sentenciadas integraban una estructura criminal que operó en la PNC para desviar fondos públicos aparentando invertirlos en adquisición de bienes y servicios, particularmente en autopatrullas, y la contratación de obras y servicios para subestaciones.
Según la Fiscalía, López Bonilla es quien habría autorizado las reparaciones inexistentes que derivaron en un supuesto desfalco de Q44.5 millones en el Ministerio de Gobernación entre los años de 2012 al 2015.
Los resultados de la investigación fueron presentados en dos fases. La última surgió en mayo de 2017 y es en donde se señala a López Bonilla, pues aparentemente habría tenido conocimiento de las actividades ilícitas.
Durante la presentación de sus argumentos durante el juicio, el exfuncionario expresó:
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“Seguro que cometí errores, pero quiero ser enfático en decir que jamás hubo dolo para hacer algo que fuera en detrimento de la institución que dirigí”.
Esta organización, que estaría implicada en el desvío de fondos públicos asignados a la Policía Nacional Civil, fue desarticulada en 2015 por las autoridades.
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Es la segunda vez que López Bonilla es condenado
En septiembre del año pasado, el juez Carlos Ruano, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, lo encontró culpable junto al ex viceministro Manfredo Pacheco del delito de fraude en forma continuada por el caso de los carros blindados y lo condenó a ocho años y 6 meses de cárcel.
El MP probó que López Bonilla y Pacheco autorizaron gestiones ilícitas para arrendar 47 vehículos blindados, por los cuales se pagaron Q32.7 millones.
Los automotores fueron alquilados por medio de un procedimiento de excepción, detallados en documentos de la Contraloría General de Cuentas que presentó la Fiscalía.
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