El Ministerio Público (MP) presentó en gestión penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra siete diputados del Congreso, así como contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.
Según el ente investigador, esta acción obedece a un nuevo caso de corrupción denominado Subordinación del Poder del Legislativo al Ejecutivo: Una expresión de la captura del Estado, que involucra a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ya que los hechos se pudieron haberse cometido durante el gobierno del Partido Patriota.
“En labores conjuntas de la FECI y la CICIG se adelantaron diligencias que permitieron recabar y analizar información de diversas instituciones, incluidas el Congreso de la República de Guatemala, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), el Registro Mercantil, así como otras entidades privadas que permitieron llegar a las conclusiones de la investigación”, refirió la CICIG en un comunicado.
? Caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo: Una expresión de la captura del Estado (El mecanismo de la compra de votos). @MPGuatemala y @CICIGgt hoy están presentando solicitudes de antejuicio por la posible comisión de hechos ilícitos acontecidos entre 2012 y 2015.
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) 7 de mayo de 2019
Señalados
Los congresistas que podrían estar involucrados, según las investigaciones son: Estuardo Galdámez quien es actual candidato presidencial por el partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Además figuran los diputados Boris España, Juan José Porras, Haroldo Quej Chen, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Magnolia Figueroa Resén de Coro, así como Marco Antonio Orozco Arriola, todos exintegrantes del extinto Partido Patriota.
Caso
Todo se remonta desde enero de 2012 a abril de 2015 en donde desde la Vicepresidencia, a cargo de Roxana Baldetti, se negociaba el pago para obtener los votos necesarios en el Congreso de la República para la aprobación de leyes, la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas, la designación de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, así como la elección de presidencias de comisiones legislativas.
Pagos
Según la investigación, la promesa por estas elecciones y designaciones era el pago bimensual por Q50 mil a cada diputado que favoreciera con su voto.
En total, el pago de estos favores pudo haberse erogado alrededor de Q57.8 millones, según las pesquisas.
“La Champurrada”
Los legisladores son señalados de pagar la denominada “Champurrada”, la cual se refiere a la compra de votos en el Congreso.
“Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como “jefes de línea” o “brochas”. Éstos, además de estar encargados de la repartición del dinero al resto de diputados, (pagos referidos por los mismos como “las champurradas”), también se encargaban de trasladar las instrucciones que emanaban de la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías”, añadió la CICIG.
Delitos
Al ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela se le sindica de haber cometido los delitos de asociación ilícita y cohecho activo.
Mientras que los diputados mencionados en este caso habrían cometido los delitos de violación a la Constitución y cohecho pasivo.
