El Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de antejuicio contra el alcalde de San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez, Mynor Ariel López Hernández, por su presunta participación en el delito de retención de información.
De acuerdo con el expediente, el 9 de enero del año 2017, una persona particular solicitó, por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez, fotocopia simple de diversos documentos.
Entre estos, contratos laborales, expedientes de compras, publicaciones en Guatecompras, acuerdos municipales, nóminas de personal de los renglones 011, 022, 029 y 035, así como actas de las sesiones del Concejo Municipal.
Se solicita prórroga
Posteriormente, el 19 de enero del mismo año, se notificó a la persona solicitante el contenido de un oficio suscrito por Carlos Arístides Guachín, entonces encargado de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad, por medio del cual se le solicitó prórroga para la entrega de la documentación solicitada.
El encargado de la referida Unidad, con fecha 31 de enero del año 2017, informó al solicitante que se le entregarían copias certificadas de la documentación solicitada, conforme a las tasas municipales autorizadas por medio de Acta 1-2017, suscrita con fecha 6 de enero del año 2017, en sesión del Concejo Municipal. Debía cancelar Q25 por cada certificación que se le extendería.
De acuerdo con Stuardo Campo, fiscal contra la Corrupción, el ministro de Salud Carlos Soto habría ejercido presión sobre la directora del Hospital de Nebaj, para hacer la contratación de un médico.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 8, 2019
Sólo pidió copias simples
Con fecha 2 de febrero del año 2017, el interesado, por medio de memorial, indicó que no está obligado a pagar por las certificaciones, pues únicamente había solicitado copias simples de los documentos.
Aún así, el 6 de febrero de 2017, se le notificó que la documentación estaba lista para su entrega, siempre y cuando presentara el recibo que acreditara el pago de las certificaciones.
Ante las arbitrariedades cometidas por el encargado de la Unidad, el solicitante promovió recurso de revisión, el cual fue resuelto de forma por el Concejo, incluyendo al Alcalde, con lo cual, según el MP se materializó la obstrucción al derecho humano de tener acceso a la información pública que se había solicitado.
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