Las autoridades estadounidenses informaron este 19 de junio del arresto del hasta ahora sheriff adjunto del condado de Bexar (Texas), José Núñez, acusado de abusar de una niña indocumentada de cuatro años durante meses.
Núñez, de 47 años, fue detenido este fin de semana después de que la madre de la menor, originaria de Guatemala, acudiera a una estación de bomberos para pedir ayuda.
“Los detalles del caso son francamente desgarradores, inquietantes, repugnantes y exasperantes, todo al mismo tiempo”, dijo el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, hoy en rueda de prensa.
Salazar dejó claro que el objetivo ahora es “desvincular” a Núñez del cuerpo “lo antes posible”.
El sheriff explicó que el detenido habría estado abusando de la niña -con la que guarda algún tipo de parentesco que no detalló- durante meses, sino años, y no descartó que haya otras víctimas.
Según la investigación, Núñez tenía amenazada a la madre de la niña, que tampoco tiene documentos, con la deportación si le denunciaba.
“Desconozco si estaba apuntando deliberadamente a la comunidad indocumentada. Lo cierto es que lo que fue atractivo fue la vulnerabilidad de esta comunidad porque son menos aptos a denunciar cosas”, reconoció Salazar.
Sin embargo, la mujer decidió finalmente llevar a la niña a una estación de bomberos para pedir ayuda ante las súplicas de la pequeña.
Nuñez, que lleva diez años en la Oficina del Sheriff del condado Bexar, enfrenta ahora una condena de un mínimo de 25 años de cárcel de ser hallado culpable. De momento, su fianza se ha fijado en US $75 MIL.
Este suceso sale a la luz en un momento en el que va en aumento la presión hacia la comunidad inmigrante debido a la llamada política de “tolerancia cero” aplicada por el Gobierno de Donald Trump.
Activistas y afectados consideran que estas medidas adoptadas por el Gobierno -como las redadas masivas o la separación familiar en la frontera- son un programa diseñado para “atemorizar” a los inmigrantes indocumentados y disuadirles de entrar al país.
Por ello, la directora del Centro Regional de Derechos Fronterizos de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Astrid Domínguez, aseveró que la zona vive una “crisis creada por la propia administración”, que trata a los inmigrantes como “criminales”.
