Debido a la erupción del Volcán de Fuego, que ocurrió el pasado 3 de junio, el Gobierno de Guatemala declaró Estado de Calamidad Pública en Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, ya que fueron los departamentos más afectados por esta catástrofe. Sin embargo, la fiscalización será el principal reto de la asignación de los Q254 millones destinados para atender esta emergencia que cobró más de un centenar de vidas.
Los diputados Dorian Taracena, Juan José Porras, Amílcar Pop y Jean Paul Briere hablaron en el programa Hora 15 de Emisoras Unidas sobre esta situación y la necesidad de fiscalizar los recursos asignados para los daños causados por la erupción, a fin de que estos no sean desviados o despilfarrados.
Dorian Taracena, de Encuentro por Guatemala, indicó que la fiscalización es un tema que debe ir de la mano con la Contraloría General de Cuentas (CGC) para llevar una auditoría de la utilización de los recursos.
“Hay que velar por la eficiencia de esa asignación que se ha dado y poderles a ofrecer, por lo menos, a esas personas damnificadas el mínimo para que puedan rehacer su vida”, expresó Taracena.
Juan José Porras dice que todos los Organismos de Estado deben involucrarse para responder a esta tragedia
Juan José Porras, de Visión con Valores (VIVA), manifestó que en el Estado de Calamidad se incluyen normas de transparencia para que se pueda mantener un control de las compras que se realicen y así cumplir con todos los parámetros establecidos.
Además, opinó que es importante que todos los Organismos de Estado se involucren para responder a esta tragedia y que no sea un “cheque en blanco para que se puedan hacer compras a diestra y siniestra”.
Parlamentario habla de una “manera oscura y nada fiscalizable”
En cuanto a la primera redacción del Estado de Calamidad, Amílcar Pop de la bancada Winaq, manifestó que esta no era la mejor y que ellos (el Congreso) se opusieron a los términos.
“Este sí venía con una intencionalidad de ejecución presupuestaria de manera oscura y nada fiscalizable”, expresó y agregó que junto con otras bancadas hicieron una enmienda para poder delimitar el gasto público y someter a los procedimientos de contratación que ya se tienen vigentes en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Por su parte, Jean Paul Briere, integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia (FPTD), agregó que en la segunda redacción se estableció que la CGC debía dar acompañamiento a todas las compras y a todos los contratos que se llevaran a cabo.
