Jimmy Morales llegó a la Presidencia con el apoyo de los medios de comunicación, aprovechando el repudio generalizado hacia la casta política y la corrupción; sin embargo, un año y nueve meses después, la cercanía con la prensa nacional e internacional vive sus horas más bajas.
La falta de comunicación y de conferencias, el hermetismo con la que se maneja la agenda del mandatario y las duras críticas que su persona y el Gobierno proliferan abiertamente hacia los periodistas han avivado una tensión latente y espinosa que empezó en 2016, cuando se destapó el caso de Botín del Registro de la Propiedad, por el que enfrentan un juicio su hermano e hijo, Sammy y José Manuel.
Crisis política
La tirantez se ha intensificado este año y aún más desde el mes de agosto, cuando empezó la crisis política e institucional más aguda que ha enfrentado la administración de Morales, después de que este pidiera, sin éxito, la expulsión del país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez.
Pero desde el 15 de agosto el Presidente no comparece ante los medios. Ha permanecido en un mutismo absoluto desde entonces, avivando los rumores y comunicándose con la población a través de las redes sociales, al estilo del mandatario de EE.UU., Donald Trump, y por medios oficiales.
El artículo primero de la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde 2008 en el país, establece que el objetivo de la norma es “garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados”, así como establecer como obligatorio “el principio de máxima publicidad y transparencia” de la administración pública.
Información a cuentagotas
La información oficial desde el Gobierno cae a cuentagotas. El único que comparece ante la prensa y de forma esquiva es el portavoz, Heinz Hiemann, y los ministros que quedan a bordo, que cierran filas entorno al presidente.
Morales asiste a actos públicos, a los que en ocasiones convocan a la prensa, otras no. Ahí hace referencia a la coyuntura nacional, pero los periodistas no pueden preguntar. No hay apertura.
El portavoz Hiemann, en el cargo desde el primer día de Gobierno de Morales, indicó a Efe que la comunicación “fue indispensable administrarla de la forma correcta para evitar la desinformación” y asegura que no han sido necesarias las comparecencias del mandatario, pues éstas únicamente se realizan “para cuestiones puntuales”.
¿Y la Secretaría de Comunicación Social?
Pese a que existe un grupo de mensajería instantánea que en épocas de bonanza la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia utiliza para comunicarse con los medios, el vocero dice que no es su obligación responder por esa vía.
“Mi función es directa, personalizada, con cada agencia, periodista o medio para aclarar cualquier duda”, enfatiza, y añade que “habría que separar temas de convocatoria o compartir las agendas y comunicados de prensa”, los cuales rebasan sus funciones.
Esta es una tendencia que se ha ido extendiendo a otras dependencias, una inclinación que para el experto y profesor en comunicación, Silvio Gramajo, es “muy torpe”, pues el Presidente, como jefe “de la unidad nacional”, “está obligado a comunicar a la población los fundamentos de una decisión de esa naturaleza”, como la expulsión del abogado colombiano.
“Fuera del irrespeto a los periodistas es a la ciudadanía”, recalca el comunicador, quien señala que los funcionarios de comunicación del Gobierno “debían generar una comunicación para frenar crisis y no de esconderse, como hizo Cancillería”, que siempre rehusó pronunciarse sobre la expulsión del comisionado.
Despacho cerrado
No hay vistas de una salida pronta a la comunicación de Gobierno, el cual cerró las puertas del despacho de Morales en Casa Presidencial desde noviembre de 2016, cuando Samuel Everardo Morales, el hermano de Jimmy, fue visto en las instalaciones, algo que no gustó al mandatario.
Ahora, herméticos, transmiten a discreción sus mensajes en redes sociales, sin lugar a cuestionamientos. La última comparecencia del presidente Morales ante los medios fue tras el ataque al Hospital Roosevelt, en el que murieron 7 personas y 11 resultaron heridas, el pasado 16 de agosto.
En esa oportunidad, el gobernante indicó: “La Presidencia de la República cree en la supremacía constitucional y eso constituye en que nada está por encima de la Constitución. Lo que está en debate, está en manos del Congreso. Debe aplicarse la Ley”, en un guiño a que se destrabe la aprobación de la pena de muerte y por un tema, la seguridad, por el que supuestamente había acudido a la ONU.
Más de un mes después, el sigilo impera en el ambiente. Fuera del país concede algunas entrevistas, mientras en Guatemala no hay vistas de que el mandatario llegue a romper el hielo.
Con información de EFE
